La red Kalimat participó el lunes 25 de enero en una sesión telemàtica de consultas organizada por el Sistema de Naciones Unidas para el Desarrollo en Marruecos, que tuvo por objetivo intercambiar información y posicionamientos sobre la reforma del sistema de protección social que el gobierno marroquí ha anunciado que pretende impulsar.
Kalimat es una red de entidades sociales que promueve la cohesión social y la acción comunitaria en defensa de los derechos y la protección social de las mujeres y la infancia en situación de vulnerabilidad en Tánger. La creamos en 2018 el Casal dels Infants de Marruecos juntamente con las entidades sociales Hasnouna (AHSUD), Nahda y la Unión de la Acción Feminista-sección Tánger (UAF), y actualmente también la integran AICEED, ASCJ, 100% Mamans, Agissons pour la femme, AMNA y Fondation Orient Occident.
La intervención de Kalimat en las consultas con Naciones Unidas fue a cargo de Claire Trichot, directora del Casal dels Infants en Marruecos, que planteó un diagnóstico de la situación de los colectivos más vulnerables en Tánger, a partir de los datos recogidos de las personas acompañadas por la red. También recomendó medidas que se deberían contemplar en la reforma del sistema de protección social, según el criterio de las entidades.
En las consultas intervinieron también representantes del Ministerio de la Solidaridad, el Desarrollo Social, la Igualdad y la Familia de Marruecos, el Ministerio de Trabajo, el Banco Mundial, la Universidad Mohamed 5 de Rabat, la Confederación General de Empresas de Marruecos (CGEM) y Unicef.
Infancia, jóvenes y mujeres
En la intervención se planteó que la infancia en situación de calle es uno de los colectivos de Tánger con más dificultades para salir adelantes y más derechos vulnerados. En 2020 AICEED hizo un seguimiento a cerca de 190 niños y niñas en esta situación, de los cales el 80% estaba realizando un proceso migratorio. El 90% se encontraba en situación de alto riesgo por haber sufrido maltratos o por consumir drogas disolventes, con muchas dificultades para acceder a servicios de salud y otras medidas de protección. Otro grave problema entre la infancia es la desescolarización: la asociación Nahda acompañó más de 100 niños y niñas que no iban a la escuela, y detectó que estos casos a menudo están asociados a situaciones de discriminación y violencia de género en los centros educativos.
En 2020 AICEED hizo un seguimiento a cerca de 190 niños y niñas en situación de calle en Tánger
En cuanto a las personas jóvenes, AICEED acompañó 228 chicos y chicas inscritos en la escuela de segunda oportunidad que gestiona. De estos y estas, la mitad no disponía de la cobertura sanitaria estatal para personas con bajos ingresos (Ramed), y un 20% no contaba con ningún tipo de protección social. La falta de acceso a oportunidades laborales y a itinerarios de formación e inserción sigue siendo el principal obstáculo para que la juventud en Tánger salga adelante.
La mitad de los jóvenes acompañados en la escuela de segunda oportunidad de AICEED no disponía de la cobertura sanitaria estatal para personas con bajos ingresos (Ramed)
En relación a las mujeres, la asociación 100% Mamans acompañó el año pasado a más de 300 madres solteras y sus hijos e hijas, de las cuales sólo el 3% recibía prestaciones familiares de la Seguridad Social y el 9% la cobertura sanitaria para personas con bajos ingresos (Ramed). El hecho que muchas se encuentren indocumentadas (el 80% no contaba con el certificado de domicilio) hace que sólo puedan acceder a través de las entidades sociales a medidas sociales de urgencia que les garanticen alojamiento, acceso a la salud y otros itinerarios de inserción. Esta situación de exclusión es todavía más crítica para las mujeres migrantes y las trabajadoras sexuales, que 100% Mamans también acompaña.
Sólo el 3% de las más de 300 madres solteras acompañadas por 100% Mamans recibía prestaciones familiares de la Seguridad Social y el 9 % cobertura sanitaria
La situación de las mujeres en Tánger también se ve condicionada por las dificultades que tienen para acceder a puestos de trabajo y por las condiciones discriminatorias que se encuentran en el empleo en comparación con los hombres, así como por los casos de acoso laboral, tal como han observado las entidades UAF y AMNA acompañando a 92 trabajadoras.
Por último, otro de los colectivos que cuenta con muy pocas medidas de protección social son las personas que consumen drogas. La asociación AHSUD ha contabilizado cerca de 2.200 casos, algunos a través de la entidad SDF, y ha registrado que prácticamente todas estas personas se ven excluidas de prestaciones sociales del sistema nacional de salud y de las ayudas de urgencia en el contexto de la Covid-19.
Prácticamente todas las personas que consumen drogas se ven excluidas de prestaciones sociales del sistema nacional de salud y de las ayudas de urgencia en el contexto de la Covid-19
Recomendaciones
Ante este contexto, la red Kalimat reclama un criterio inclusivo y no discriminatorio en el cribado de las personas que se deben beneficiar de las medidas del nuevo sistema de protección social. Este enfoque debe garantizar la igualdad de género y los derechos humanos, con medidas específicas para la protección de colectivos con una vulnerabilidad específica (migrantes, personas sin hogar y con discapacidad).
El nuevo sistema de protección social debe ser inclusivo, no discriminatorio y garantizar la igualdad de género y los derechos humanos.
En la misma línea, incide para que se apliquen leyes ya aprobadas que favorecen la protección social, como la que regula el sector de las trabajadoras domésticas o el código de trabajo.
En cuanto a la elevada indocumentación entre los colectivos de riesgo, se reclama revisar el proceso de concesión del certificado de domicilio y evaluar si debe ser el documento administrativo necesario para acceder a los programas de protección social.
Kalimat reclama también descentralizar estos programas en las instituciones públicas locales y, especialmente, reforzar los servicios sociales, ya sea a través del Estado o incrementando la financiación de las entidades sociales. Es necesario, así mismo, favorecer el acceso a la información de la población en situación de vulnerabilidad y garantizar la concertación en los actores públicos y privados en la aplicación de la reforma.