En Catalunya la infancia es quien más sufre el riesgo de pobreza o exclusión social: cerca de 450.000 niños y niñas se encuentran en esta situación, casi uno de cada tres, mientras que en el conjunto de la población uno de cada cuatro personas se encuentra así. La situación es aún más grave para 140.000 niños y niñas que viven en pobreza severa, uno de cada 101.
A pesar de estas cifras alarmantes, la infancia es la franja de edad en que las transferencias sociales tienen menos impacto en la reducción de la pobreza. En el conjunto de la población las prestaciones sociales consiguen reducir el riesgo de pobreza a menos de la mitad (del 46% al 20%), mientras que en la infancia solo la reducen en un 31% (del 41% al 31%). Al conjunto de la Unión Europea el impacto de la protección social en la infancia es muy superior: las prestaciones sociales reducen de media en un 43% el riesgo de pobreza (del 34,3% al 19,5%).
Esta realidad supone una grave vulneración de los derechos de los niños y niñas y el incumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño como la Ley de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia (LDOIA), que establecen que las administraciones públicas se tienen que guiar por el interés superior del niño y tienen que adoptar medidas para garantizar el bienestar de todos los niños y niñas.
La Renda Garantida de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital
En el caso de la Renda Garantida de Ciudadanía (impulsada por la Generalitat) y el Ingreso Mínimo Vital (creada por el estado), las dos prestaciones con más impacto en la renda de las familias en Catalunya, su impacto en la infancia es limitada. De la Renda Garantida se benefician 42.000 niños y niñas2, un 10% de los niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social y el 32% de los que se encuentran en pobreza severa. En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, llega a 63.000 niños y niñas3, el 16% de los que se encuentran en riesgo de pobreza y el 45% de los que se encuentras en pobreza severa. Hace falta tener en cuenta que estos datos incluyen los beneficiarios de la prestación del Ingreso Mínimo Vital y los que solo han accedido al complemento por infancia.
Desde que se implementó en 2017, el presupuesto de la Renda Garantida de Ciudadanía se ha multiplicado casi por cinco (de 74,2 a 356 millones de euros), pero el número de niños y niñas que se benefician no ha llegado a doblarse (de 24.000 a 42.000). En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, desde que se creó el junio del 2020 ha triplicado su presupuesto (de 1.000 a 3.000 millones de euros) y también ha triplicado el número de niños y niñas beneficiarios en Catalunya (de 18.000 a 63.000), a pesar que se tiene que tener en cuenta, otra vez, que a las cifras se incluyen los quien solo se benefician por el complemento por infancia.
Desde el 2017, pero, cada año ha habido más de 420.000 niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social. El impacto del conjunto de transferencias sociales en la reducción de la pobreza ha crecido muy poco, pasando del 24% el 2016 al 31% el 2021 (en tres de estos últimos años la reducción de la pobreza ha estado igual o inferior al 16%). En resumen, el impacto de las transferencias sociales en la reducción de la pobreza infantil ha mejorado muy poco desde la implementación de la Renda Garantida de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital, y lo ha hecho solo a partir del 2021. Ambas prestaciones, pues, no priorizan de forma suficiente los niños y niñas y no garantizan su derecho subjetivo a un nivel de vida adecuado.
Falta de claridad y no percepción de derechos
En relación al complemento de infancia del Ingreso Mínimo Vital, que empezó a implementarse en enero de 2022, la medida prevé una ayuda añadida para las familias con niños y niñas a cargo que ya reciben la prestación, de 115 euros para niños y niñas menores de 3 años, de 80,50 euros para los que tienen entre 3 y 6 años, y 57,5 euros para los que tienen entre 6 y 18 años. También pueden acceder, pero, otras familias que no reciben la prestación y que no superan un determinado umbral de ingresos y de patrimonio.
En este sentido, hay una falta de claridad en la información respeto a estos últimos potenciales beneficiarios, las familias que no reciben la prestación pero podrían acceder al complemento de infancia. De entrada, presentar esta ayuda para niños y niñas a cargo como un complemento del Ingreso Mínimo Vital puede dar a entender que solo puede acceder a ello las familias beneficiarias de la prestación. La información facilitada por la Seguridad Social genera confusión, y en hacer la solicitud telemática, el formulario es el mismo tanto para pedir la prestación como para el complemento, y no se puede especificar cual de las dos ayudas (o bien ambas) se está solicitando.
Por último, las estadísticas que facilitan la Seguridad Social sobre beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital no diferencias los menores que reciben tanto la prestación como el complemento de infancia y aquellos que solo reciben el complemento, con lo que se hace difícil medir cuantos niños y niñas se benefician de cada una de las medidas.
A la falta de información suficiente y clara sobre las prestaciones sociales económicas y a la complejidad en su tramitación hace falta añadir los obstáculos para hacer el trámite en línea para muchas familias que sufren la brecha digital, así como las dificultades para presentar recursos a las denegaciones. Estas situaciones generan el fenómeno de la no percepción de derechos, que se da cuando las medidas de protección social no llegan de forma efectiva a las personas que las necesitan y tienen derecho a ellas. Lo explicamos en detalle en esta noticia.
¿Qué reclamamos?
Con urgencia:
Recuperar la tramitación presencial i ágil de las ayudas, prestaciones y otros trámites relacionados con los derechos de las familias con niños y niñas en riesgo de exclusión social.
Mejorar la información sobre las prestaciones sociales económicas; eliminar criterios de acceso restrictivos, como exigir haber residido legalmente durante más de dos años en el Estado, y simplificar y clarificar los procesos de tramitación.
Hacer efectiva la actualzación del indicador de renda de suficiencia de Catalunya (IRSC), que fija el umbral de ingresos para acceder a prestaciones como la Renda Garantida de Ciudadanía, así como la cuantía de la prestación. El IRSC se mantiene congelado desde 2010, y los presupuestos de la Generalitat del 2023, en tramitación al Parlamento, prevén incrementarlo en un 8%.
A corto plazo:
Es necesario un cambio de criterio en las políticas de garantía de rendas condicionadas. Hace falta, de entrada, fijar por ley los ingresos necesarios para garantizar el derecho subjetivo del niño a un nivel de vida adecuado, reconocido en el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño. A partir de aquí, la Renda Garantida, el Ingreso Mínimo Vital o una prestación complementaria tiene que asegurar este nivel de ingresos a los niños y niñas que no lo tienen cubierto por su familia.
A medio plazo:
- Para hacer frente a la cronificación de las situaciones de vulnerabilidad, en particular en la infancia, desde el Casal dels Infants, en el marco del posicionamiento compartido con la Federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), defendemos avanzar hacia un modelo de renda básica universal, desde un enfoque de justicia social y que vele por los derechos de todas las personas.
1 Cifras de la Encuesta de Condiciones de Vida y del Informe anual sobre los derechos del niño del Síndic de Greuges.
2 Cifras del octubre de 2022 recogidas en el informe anual sobre los derechos del niño del Síndic de Greuges.
3 Cifras de enero de 2023 de la Seguridad Social.