Un contexto de vulnerabilidad social estructural
Los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida, publicadas en julio, nos indican que casi dos millones de personas en Catalunya viven en riesgo de pobreza o exclusión social, un 25,9% de la población. Estos registros, junto con los de 2020, son los peores desde 2011, en plena crisis financiera global, pero entre estos picos los datos no han dejado de ser alarmantes. Los efectos de las dos crisis se han encadenado para muchas personas.
El problema, pues, es estructural, como también lo son las desigualdades. El riesgo de pobreza y exclusión se multiplica entre la población con niveles formativos bajos en comparación a quien tiene estudios superiores (hasta más del doble de riesgo) y entre la población de nacionalidad extranjera (un 51% en riesgo) con relación a la de nacionalidad española (un 20% en riesgo). Las desigualdades también son cosa de barrios. Lo comprobamos día a día con nuestra acción social, y lo confirman los datos del Índice Socioeconómico Territorial, como se ve en este mapa.
Las dos crisis económicas se han encadenado y han hecho de la vulnerabilidad una realidad estructural. Casi dos millones de personas en Catalunya viven en riesgo de pobreza o exclusión social.
Exclusión cronificada entre los niños y niñas y las familias con hijos e hijas
El 2021 en Catalunya 446.000 niños y niñas (el 31,8%) se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, casi uno de cada tres, según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida. A pesar de una ligera mejora respecto el año pasado(50.000 niños y niñas menos en riesgo), la situación de la infancia es grave y se ha cronificado: desde el 2013 ha habido más de 400.000 niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social, excepto el 2016.
En cuanto a las familias, tener hijos o hijas sigue multiplicando el riesgo de pobreza. La situación ha empeorado y es especialmente crítica para las monoparentales, encabezadas mayoritariamente por mujeres. Más de la mitad (51,9%) viven por debajo del umbral de la pobreza, el doble respeto el total de las que tienen hijos a cargo (24,3%) y más del triple respeto a las que no tienen hijos (15,4%).
De otro lado, la infancia es la franja de edad en que las transferencias sociales reducen menos el riesgo de pobreza (un 16%), seguida de la juventud (25%), mientras que en el conjunto de la población las transferencias reducen la pobreza a la mitad. Dicho de otra manera, las prestaciones sociales no están pensadas para priorizar que tengan un impacto en los niños, niñas y jóvenes, como haría falta.
La situación sigue siendo preocupante por lo que hace la vulneración del derecho a la vivienda, teniendo en cuenta que el 97% de las personas acompañadas por entidades sociales en Catalunya está afectado por problemas de vivienda, según el último informe Insocat de la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social, de la que formamos parte.
Casi uno de cada tres niños y niñas en Catalunya se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. El riesgo de pobreza se multiplica en las familias con hijos y afecta a más de la mitad de las monoparentales.
¿Qué reclamamos?
Hace falta reforzar el sistema de protección a la infancia y avanzar hacia un modelo de Renda Básica Universal. Las políticas de rendas condicionadas, como la Renda Garantida de Ciudadanía y el Ingreso Mínimo Vital, tienen un alcance insuficiente en la reducción de la pobreza y exclusión social. Mientras, es necesario que el sistema de prestaciones sea más eficiente y minimice las trabas administrativas y de brecha digital en el proceso de tramitación. Hace falta recuperar los espacios de tramitación presencial de las prestaciones sociales para evitar que muchas familias queden excluidas.
Desigualdades educativas
La educación es un derecho de los niños y niñas desde que nace, y la etapa de los 0 a los 3 años es clave en el desarrollo de los niños y niñas y en la reducción de las desigualdades, pero no es universal ni gratis. El curso pasado, solo uno de cada tres menores de tres años fueron a la guardería. En el caso de l’I2, el curso con más alumnado, fueron el 53% de los niños y niñas de 2 años. Existen fuertes desigualdades para acceder a estos centros, tanto entre municipios como en el perfil del alumnado. Los niños y niñas de origen migrante y socialmente desfavorecidos son los que tienen más obstáculos para escolarizarse en esta etapa.
En la educación primaria y secundaria, las desigualdades educativas que ya arrastrábamos han crecido con la pandemia. Durante el confinamiento, el papel de las familias ganaron peso en relación a la escuela, pero no todas tuvieron las mismas competencias y recursos para garantizar un acompañamiento educativo a sus niños y niñas. la brecha digital y la situación de emergencia a muchos hogares condicionó el aprendizaje de los niños y niñas. Esta desventaja aún tiene consecuencias, y se suma a factores de desigualdad como la insuficiente inversión pública en educación y la segregación escolar. En este contexto, garantizar los espacios de refuerzo educativo fuera del horario lectivo es fundamental para la equidad en el aprendizaje.
Hace falta avanzar en la universalización y la gratuidad de la guardería, y actuar ante las desigualdades educativas que la pandemia ha agravado.
¿Qué reclamamos?
Más allá de garantizar la gratuidad del’I2 a partir del curso 2022-2023, hace falta avanzar hacia la gratuidad y la universalización de todo el primer ciclo de educación infantil. Es necesario más inversión, incrementar la reserva de plazas para niños y niñas socialmente desfavorecidos y establecer unos criterios de prioridad más equitativos.
Reclamamos corregir el infrafinanciación de los centros educativos, avanzar en el despliegue del Pacto contra la Segregación Escolar, garantizar dispositivos y competencias TIC a los niños y niñas y familias, y asegurar más espacios de refuerzo educativo fuera del horario lectivo.
Itinerarios y recursos para la juventud
A pesar que el paro juvenil se ha reducido en los últimos 10 años (el 2011 era del 36% y este último trimestre se ha situado al 15,7%), casi uno de cada cuatro jóvenes se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, una proporción que se ha mantenido en el tiempo, y la tasa de emancipación ha caído a mínimos históricos: solo uno de cada cinco jóvenes puede vivir por su cuenta. La temporalidad en el trabajo se perpetúa, y las transferencias sociales tienen cada vez menos impacto en la reducción de la pobreza juvenil.
De otro lado, la pandemia ha afectado los itinerarios de futuro de los jóvenes, que han tenido más dificultades para continuar formándose, y ha reducido sus espacios de socialización y participación comunitaria.
Por lo que hace a los jóvenes migrantes ex tutelados, la reforma del reglamento de extranjería ha supuesto un paso adelante importante para sus derechos. Con la aprobación del nuevo texto, cuentan con autorización de trabajo cuando salen del centro de protección de menores, y se flexibilizan los requisitos de ingresos para que renueven el permiso de residencia. A pesar de esta mejora, aún hay casos en que esta regularización está pendiente de recursos judiciales que se tienen que resolver. Más allá de la documentación, los y las jóvenes tienen que hacer frente a otras formas de discriminación, sobretodo en el acceso a la vivienda, y siguen entrando en la etapa adulta con necesidad de acceder a programas de formación e inserción laboral.
A pesar de la caída del paro juvenil, la precariedad laboral y el incremento del precio de la vivienda hace que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social entre los jóvenes no disminuya y que uno de cada cinco jóvenes no pueda emanciparse.
¿Qué reclamamos?
Hacen falta programas que garanticen la continuidad formativa de los jóvenes de entre 16 y 24 años; un plano de choque contra el paro y la precariedad laboral entre la juventud; políticas específicas para los jóvenes que garanticen el derecho a la vivienda; más espacios de participación y apoyo integral para jóvenes y desplegar la Estrategia catalana para la acogida y la inclusión de los niños y niñas y jóvenes emigrados solos.
Con tu apoyo, podremos continuar acompañando más de 6.000 niños, niñas, padres y madres en riesgo de exclusión social a través de 63 servicios socioeducativos.
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