Lo vemos cada día: muchas familias no acceden a prestaciones sociales que tienen derecho a percibir y que las ayudarían a superar el riesgo de pobreza o exclusión social. Los motivos principales son que no tienen suficiente información de la existencia de estas ayudas, que solicitarlas y tramitarlas es demasiado complejo o no está a su alcance, y que el proceso para interponer un recurso cuando se les deniega la prestación en cuestión a menudo tampoco es claro ni accesible. Estas situaciones, entre otras, forman parte del fenómeno conocido como no la no percepción de derechos o non take up.
¿Qué es la no percepción de derechos?
La no percepción se da cuando las medidas de protección social no llegan de forma efectiva a las personas que las necesitan, teniendo derecho a beneficiarse de ellas, y ha sido tratada en un informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos de las Naciones Unidas, Olivier de Schutter, publicado en abril de 2022. Este informe es el resultado de una investigación que incluye una encuesta realizada en cerca de 40 países a organizaciones de la sociedad civil, administraciones públicas responsables de la protección social, organismos de las Naciones Unidas y expertos académicos.
Los resultados indican que la no percepción es un problema grave y global que afecta especialmente a la población más desfavorecida —cuando estos son los ciudadanos que más protección deberían recibir—, y las consecuencias que genera son un incremento de la pobreza y las desigualdades, un riesgo para la salud mental de las personas excluidas de las prestaciones y un desgaste en la confianza en los estados.
La protección social debe llevarse a la práctica y es un derecho humano
El informe remarca que la protección social es un derecho reconocido internacionalmente y que no basta con que esté contemplada en las leyes de cada país, sino que se debe garantizar en la práctica que la población que lo necesita acceda a las medidas contra la exclusión social. Por otra parte, apunta que la no protección es el resultado de errores de diseño en las políticas públicas por parte de las administraciones.
Por último, insiste en que corregir la no percepción de derechos debe ser una prioridad en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y que es necesario un cambio en la manera de percibir la protección social que la aleje de la caridad y la sitúe como un derecho humano. Reclama una relación entre gobernantes y perceptores de la protección social que aumente el rendimiento de cuentas de los primeros y el empoderamiento de los segundos, acabando con la estigmatización, garantizando el personal suficiente en la atención y un trato basado en la dignidad y el respeto.
Información insuficiente
El desconocimiento y la falta de información suficiente son la causa más frecuente de no percepción de derechos, tal como recoge el informe. En este sentido, las entidades sociales que atendemos a personas en situación de vulnerabilidad a menudo arrastramos en exceso la carga de informarlas sobre las prestaciones sociales, su tramitación y sus requisitos de acceso. Muchas veces lo hacemos desbordadas por otras tareas de prevención y atención de situaciones de riesgo. En el Casal dels Infants creemos que forma parte de nuestra acción social garantizar que las familias conozcan sus derechos y puedan empoderarse en su ejercicio, pero quien tiene la responsabilidad de garantizar la información necesaria sobre la protección social son las administraciones públicas. Al mismo tiempo, el informe insiste en que debe asegurarse la participación de las personas en situación de pobreza en el diseño, la aplicación y el seguimiento de las medidas de protección social, para tener en cuenta su experiencia y combatir mejor el non take up.
Brecha digital y tramitación compleja
Desde el inicio de la pandemia, momento en el que la mayoría de las prestaciones y otras gestiones con las administraciones empezaron a tramitarse exclusivamente en línea, hemos alertado de que muchas personas no tienen los dispositivos, la conexión y las competencias digitales necesarias para acceder a estos trámites. Una realidad que también recoge el informe del Relator Especial, que señala que pedir prestaciones por internet puede ser “muy complicado para amplios sectores de la población”.
Es por ello que, mientras seguimos sumando y reclamando esfuerzos para mejorar las competencias digitales de las familias más desfavorecidas, hemos reclamado que es urgente recuperar la tramitación presencial por parte de las administraciones. Hacerlo mediante cita previa obligatoria no es la solución más adecuada, porque continúa implicando un trámite previo en línea que es una barrera para muchas personas.
Por último, incluso cuando las familias están enteradas de la existencia de una prestación y cuentan con los medios para pedirla, el proceso de solicitud puede ser muy complejo. A menudo implica entrar en una espiral que exige mucha documentación y tiempo, tal como indica el informe del Relator Especial, que hace mención directa de las dificultades que han tenido las familias en el estado español para tramitar el Ingreso Mínimo Vital.