La directora general del Casal dels Infants, Rosa Balaguer, compareció el 14 de marzo en la Comisión de la Infancia del Parlament de Catalunya (texto íntegro de la comparecencia en catalán), a petición del grupo de Esquerra Republicana de Catalunya, para explicar nuestro posicionamiento institucional de incidencia política. Este documento recoge nuestra análisis como entidad de la situación de los niños, niñas, jóvenes y familias en riesgo de exclusión social en Catalunya y propuestas de medidas para garantizar sus derechos.
En septiembre, en el inicio del curso, enviamos el posicionamiento de incidencia a todos los diputados y diputadas de las comisiones parlamentarias que consideramos claves para garantizar los derechos de las personas que acompañamos: la de la Infancia, la de Educación, la de Políticas de Juventud y la de Derechos Sociales. A raíz de este envío, en estos últimos meses hemos mantenido reuniones con distintos diputados y diputadas que han querido abordar su contenido con el equipo directivo de la asociación, y finalmente hemos comparecido en el Parlament para exponer el documento, en una versión actualizada.
En el documento se tratan cuatro grandes aspectos: el contexto de vulnerabilidad social estructural en Catalunya; la situación de la infancia y las familias en riesgo; las desigualdades en las condiciones educativas y los itinerarios y recursos para la juventud. La comparecencia se centró en el análisis y las propuestas relacionadas con la infancia y sus familias, que a continuación resumimos.
Inversión en la protección a de la infancia y la adolescencia
Pese a un incremento del 40% de la inversión en políticas de infancia y adolescencia desde 2014, destacamos la necesidad de dotar de una financiación y unos recursos suficientes a los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) para que puedan ejercer su función de servicio especializado y multidisciplinar y en el sistema de protección a la infancia y la adolescencia. En diciembre de 2022 sólo 6.600 niños, niñas y adolescentes tenían un expediente de riesgo abierto por un EAIA (un 2% de los niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social).
Sólo un 2% de los niños y niñas en riesgo de exclusión social cuenta con el seguimiento de un Equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA)
También reclamamos mejorar los recursos y la frecuencia de atención de los Servicios Sociales territoriales, y una evaluación y mejora del despliegue del nuevo modelo de Servicios de Intervención Socioeducativa (SIS) que garantice su financiación.
El bajo impacto de las prestaciones sociales en la infancia
Nos preocupa que la infancia siga siendo la franja de edad en la que las transferencias sociales disminuyan menos el riesgo de pobreza. Solo uno de cada tres niños y niñas en riesgo de pobreza superan esta situación gracias al efecto de las prestaciones o pensiones, cuando en el conjunto de la población la proporción es de más de la mitad. La implementación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y del Ingreso Mínimo Vital no ha supuesto una mejora significativa en la reducción de la pobreza infantil.
En este sentido, insistimos a los diputados y diputadas en la necesidad de fijar por ley los ingresos necesarios para garantizar el derecho subjetivo del niño a un nivel de vida adecuado, reconocido en la Convención de los Derechos del Niño y la Ley de los derechos y las oportunidades en la infancia y la adolescencia.
Deben fijarse por ley los ingresos necesarios para garantizar el derecho subjetivo del niño a un nivel de vida adecuado
Estos ingresos mínimos deberían garantizarse con una prestación que supere las deficiencias de las políticas de garantía de rentas actuales: son excluyentes en los requisitos, inaccesibles en la tramitación e ineficientes en la reducción de la pobreza. En el horizonte, la renta básica universal debe ser el instrumento para garantizar justicia social y velar por los derechos de todas las personas.
El derecho a la vivienda y a suministros básicos
También tuvimos que remarcar cómo el derecho a garantizar un hogar y a los suministros básicos está en grave riesgo para muchos niños, niñas y familias que acompañamos, y condiciona su ejercicio de muchos otros derechos. Es inaceptable que, pese a la ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, y aunque siga vigente una moratoria, cada día se produzcan en nuestros barrios desahucios que afectan a la infancia. Incluso cuando las familias tienen un informe de vulnerabilidad económica de los servicios sociales.
Reclamamos el cumplimiento de la ley en la garantía de un alquiler social a las familias en situación de vulnerabilidad antes de ejecutar un desahucio, evitando soluciones temporales y precarias de realojamiento como albergues o residencias.
Debe garantizarse un alquiler social a las familias con hijos antes de que sean desahuciadas
Por una educación más equitativa
Defendemos el derecho a la educación de todos los niños y niñas desde que nacen y en igualdad de condiciones. En la pequeña infancia, mientras no se logre la universalidad y la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, reclamamos modificar la reserva de plazas y los criterios de prioridad en las inscripciones para favorecer que se escolarice a los niños en situación de vulnerabilidad.
Reclamamos modificar la reserva de plazas y los criterios de prioridad en las inscripciones en las guarderías para favorecer la escolarización de niños y niñas en situación de vulnerabilidad
En la etapa de educación obligatoria, seguimos constatando como la infancia de clase social desfavorecida y de origen migrante tienen un rendimiento académico inferior a los demás, una menor tasa de graduación de la ESO y un mayor abandono prematuro de los estudios. Para corregir esta realidad, incidimos en la necesidad de corregir la insuficiente financiación del sistema educativo y desplegar el Pacto contra la Segregación Escolar, con más información y acompañamiento para las familias. Por otro lado, es necesario recuperar el servicio de comedor escolar en todos los institutos, para dejar de poner en riesgo el derecho a una alimentación adecuada de muchos adolescentes.
El servicio de comedor debe recuperarse en todos los institutos para garantizar una alimentación adecuada en la adolescencia
Garantizar igualdad de condiciones educativas, sin embargo, también pasa por lo que ocurre fuera de la escuela. Es básico ofrecer espacios de refuerzo educativo a los niños, niñas y adolescentes que en casa tienen menos recursos y apoyo para aprender, involucrando también a las familias. En cuanto a la brecha digital, deben garantizarse dispositivos, conexión a internet y competencias digitales a las familias con hijos a cargo.
Para garantizar la continuidad formativa de los adolescentes y actuar contra el abandono escolar prematuro, es necesario incrementar la inversión en políticas de becas y apoyo en los estudios, así como la oferta en la Formación Profesional para cubrir la demanda de la juventud que quiere buscar en esta modalidad de estudios una opción de futuro. Alargar la gratuidad de la T-16 hasta los 18 años facilitaría la movilidad de muchos chicos y chicas para poder continuar estudiando y acceder a las primeras oportunidades laborales.
La importancia de los servicios socioeducativos de atención a la infancia y la adolescencia en riesgo
En la parte final de su intervención, Rosa Balaguer destacó la importancia de los servicios socioeducativos de atención a la infancia y la adolescencia en el día a día de estos chicos y chicas y sus familias, como espacios fundamentales para la prevención y detección de situaciones de riesgo que pueden afectar su desarrollo. Somos uno de sus principales referentes, una gran red de apoyo, un espacio de participación, escucha, resiliencia y apoyo mutuo. Desde la comunidad y con una visión de proximidad, a pie de calle, poniendo por delante los derechos de las personas, la justicia social y el interés superior de la infancia.